Alerta en Andalucía: Al descubierto serias fallas de seguridad en un centro de menores. El análisis judicial sitúa bajo la lupa las condiciones de protección contra incendios mientras el procedimiento sigue abierto.
La rutina diaria de quienes residen y trabajan en un centro de internamiento de menores depende de que todas las instalaciones funcionen conforme a la normativa vigente. Pasillos, escaleras y salidas forman parte de un recorrido cotidiano que, en situaciones de emergencia, adquiere una relevancia absoluta. Esa realidad ha llegado ahora a los tribunales tras un procedimiento en el que se cuestionan distintos aspectos técnicos relacionados con la protección contra incendios de un inmueble situado en Málaga.
El TSJ de Andalucía mantiene la actividad del centro mientras continúa el procedimiento
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estudiado la solicitud de medidas cautelares presentada por una Comunidad de Propietarios que pedía la suspensión de la actividad del edificio. La petición se fundamentaba en un informe pericial que describía diversas supuestas irregularidades relacionadas con la seguridad del inmueble.
Sin embargo, la Sala ha decidido no ordenar el cierre cautelar del centro. El tribunal considera que, en esta fase del procedimiento, existen informes técnicos enfrentados y que será durante el proceso principal cuando se determine si realmente concurren los incumplimientos denunciados y cuál puede ser su alcance.
Las fallas de seguridad centro de menores centran el debate técnico
Uno de los aspectos que mayor atención concentra en el procedimiento son las presuntas fallas de seguridad centro de menores reflejadas en el informe aportado por la parte demandante. El documento sostiene que existirían deficiencias en diferentes elementos esenciales del sistema de protección contra incendios, desde las vías de evacuación hasta determinadas instalaciones destinadas a facilitar la respuesta durante una emergencia. No obstante, el TSJA recuerda que dichas conclusiones todavía deberán ser valoradas junto con el resto de pruebas antes de adoptar una decisión definitiva.
Los recorridos de evacuación, uno de los principales puntos de discusión
El informe pericial sostiene que varias plantas del edificio superarían las distancias máximas de evacuación contempladas por el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación.
Según esa documentación, algunos recorridos excederían los límites reglamentarios en varios metros, circunstancia que podría afectar a la rapidez con la que los ocupantes alcanzarían una salida segura en una situación de emergencia. Este aspecto constituye uno de los elementos técnicos que deberán analizarse con mayor profundidad durante el desarrollo del procedimiento judicial.
Las escaleras también forman parte de las cuestiones analizadas
Otra de las observaciones recogidas en el informe hace referencia al diseño de las escaleras utilizadas para comunicar distintas plantas del inmueble.
La pericial sostiene que determinadas escaleras no reunirían las características necesarias para ser consideradas protegidas, lo que permitiría, siempre según esa valoración técnica, la circulación de humo entre diferentes niveles del edificio. La entidad gestora y la Administración han aportado informes que mantienen una posición distinta, motivo por el que la controversia permanece abierta.
Las BIE figuran entre los elementos cuestionados por el informe
Otro de los capítulos del procedimiento examina la instalación de las BIE, conocidas como Bocas de Incendio Equipadas. El informe presentado por la Comunidad de Propietarios cuestiona aspectos relacionados con la cobertura de determinadas zonas del edificio, la ausencia de determinados cálculos hidráulicos y la falta de documentación justificativa sobre el funcionamiento de la red. Estas cuestiones forman parte del conjunto de elementos técnicos cuya conformidad con la normativa deberá resolverse mediante la sentencia que ponga fin al litigio.
La distribución de los extintores también aparece en la documentación pericial
Entre las observaciones incorporadas al procedimiento figura igualmente la disposición de los extintores portátiles. El informe sostiene que existirían dependencias donde la distancia hasta el equipo más cercano sería superior a la contemplada por la normativa aplicable, circunstancia que, según el perito, reduciría la cobertura prevista para determinadas habitaciones y pasillos. Esta afirmación forma parte de las discrepancias técnicas que deberán contrastarse durante el juicio.
El extintor más próximo, otro de los aspectos sometidos a revisión
El documento también analiza la ubicación de cada extintor instalado en el inmueble y sostiene que algunas zonas no dispondrían de un acceso suficientemente próximo a estos equipos de primera intervención. Junto a ello, se cuestiona la documentación presentada con la Declaración Responsable, al considerar que faltarían determinados planos, memorias de cálculo e informes técnicos que normalmente acompañan este tipo de actuaciones cuando un edificio experimenta un cambio de uso o una reforma de entidad.
La documentación técnica adquiere un papel determinante
El procedimiento dedica una parte relevante al estudio de la documentación administrativa vinculada al proyecto. Entre los documentos cuya ausencia denuncia el informe pericial figuran memorias hidráulicas, planos completos de las instalaciones y determinados anexos exigidos por la normativa municipal de Málaga.
Además, el informe sostiene que habría sido necesario incorporar la valoración del Servicio Municipal de Extinción de Incendios y Protección Civil debido a las características del inmueble y a las actuaciones realizadas sobre el edificio.
La resolución judicial deja el desenlace para la sentencia definitiva
La decisión del TSJA no supone un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de las deficiencias denunciadas. La Sala subraya que la fase cautelar no permite realizar un examen exhaustivo de toda la prueba disponible y recuerda que tanto el Ayuntamiento como la entidad gestora han presentado informes técnicos que discrepan de las conclusiones recogidas en la pericial aportada por la Comunidad de Propietarios.
Será la futura sentencia la que determine si las irregularidades descritas quedaron acreditadas, si afectan al cumplimiento de la normativa sobre protección contra incendios y si las actuaciones administrativas impugnadas se ajustaron plenamente a la legalidad vigente. Mientras tanto, el procedimiento continúa abierto a la espera de una resolución definitiva que despeje todas las dudas técnicas planteadas.
